GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

espacio académico virtual de estudio y reflexión sobre gestión y políticas públicas


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Efectividad organizacional y toma de decisiones

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Street level bureaucracy

The concept of street-level bureaucracy was first coined by Michael Lipsky in 1980, who argued that “policy implementation in the end comes down to the people who actually implement it”.[1] He argued that state employees such as police and social workers should be seen as part of the “policy-making community” and as exercisers of political power.

Examples of street-level bureaucrats

Street-level bureaucrats include police officers, firefighters, and others who “walk the streets” with regular citizens, and provide services to protect, as well as uphold the laws.

Lipsky identified several problems with street-level bureaucracy, including “the problem of limited resources, the continuous negotiation that is necessary in order to make it seem like one is meeting targets, and the relations with (nonvoluntary) clients”.[1] However, some commentators have challenged Lipsky’s model. Tony Evans and John Harris.”[2] argue that “the proliferation of rules and regulations should not automatically be equated with greater control over professional discretion; paradoxically, more rules may create more discretion.” They also argue that the exercise of professional discretion by street-level bureaucrats is not inherently “bad”, but can be seen as an important professional attribute.[2]

A 2003 American study, conducted by Steven Maynard Moody of the University of Kansas, reiterated the significance of street-level bureaucrats in the political process, asserting that street-level workers “actually make policy choices rather than simply implement the decisions of elected officials.”[3] They also claim, based on a study of 48 street-level state employees in two states, that “workers’ beliefs about the people they interact with continually rub against policies and rules” and that the prejudices of the street-level bureaucrats influence their treatment of citizens.[3]

In 2007, Emil Mackey confirmed that even the Resident Assistants in campus housing exercise their discretion to change policy at the implementation level. Furthermore, these policy implementation changes reflected the individual values of each street-level bureaucrat rather than the will of policymakers. Therefore, this research not only confirmed previous street-level bureaucrat research and literature, but also expanded it to include the Higher Education policy environment. [4] [1]

Impartiality

Impartiality is a quality that is sought after when employing street-level bureaucrats. An impartial street-level bureaucrat will fairly implement the law, and apply it to all citizens, and not just a select few.

  1. ^ a b Lipsky, M., Street-level Bureaucracy; Dilemmas of the Individual in Public Services, 1980, view summary
  2. ^ a b Evans, T and Harris, J, Street-Level Bureaucracy, Social Work and the (Exaggerated) Death of Discretion, British Journal of Social Work, vol.34, no.6, September 2004, view abstract
  3. ^ a b Maynard-Moody, S and Musheno, M, Cops, Teachers, Counselors: Stories from the Front Lines of Public Service, University of Michigan Press, 2003, view summary
  4. ^ Mackey, Emil Robert (2008). “Street-level bureaucrats and the shaping of university housing policy.” Fayetteville, Arkansas: University of Arkansas Press.


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Paradigmas del servicio público: contribuciones para un servicio público eficiente e innovador

PROLOGO

Este ensayo, elaborado con fines de formación para la Dirección  de Capacitación y Educación Contínua de la Universidad Santo Tomás, sede Punta Arenas, presenta una descripción general de los nuevos modelos y paradigmas de la gestión pública  y  un análisis de ciertas áreas críticas de la gestión de personal en los servicios públicos, tales como la mejora contínua, las comunicaciones y el manejo de la información, la incorporación tecnológica al servicio público, el manejo de las relaciones humanas y el desarrollo de potencialidades de liderazgo y formación de equipos de trabajo en los servicios.

Punta Arenas – Magallanes, otoño de 2010.-

 

I.   NUEVOS PARADIGMAS Y MODELOS DE GESTIÓN PÚBLICA: EL SERVIDOR PÚBLICO, EL SERVICIO PÚBLICO Y LA MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL SIGLO XXI.

Asistimos a un cambio.

Un cambio conceptual de amplias repercusiones en la esfera de la función pública.

Entre las dos últimas décadas del siglo XX y ésta primera década del siglo XXI, asistimos a una mutación profunda en los paradigmas y modelos de gestión pública.  Cambios originados en la transformación de la cultura, de la conciencia ciudadana ante el Estado, de los procesos de modernización que viven muchas sociedades y otros factores sociales, económicos, políticos y psicosociales, inducen una modificación gradual pero profunda en la concepción del servidor público, del servicio público y de las políticas públicas y de la gestión de éstas.

Ello explica que en la mayoría de las sociedades más desarrolladas se han emprendido desde la década de los años ochenta del siglo xx, sucesivas reformas al Estado, así como diversos procesos de reforma y modernización en la gestión pública.

No se trata de procesos similares.

Conceptualmente diferenciemos reforma del Estado, modernización del Estado y modernización de la gestión pública.  Esta última se refiere -siempre desde la Ciencia Política y la Ciencia de las Políticas Públicas- a un esfuerzo más o menos sistemático de actualización de los estilos, normas, procedimientos y funciones de la administración y sus servicios, para ponerlos en sintonía con los cambios antes mencionados.

La modernización del Estado apunta en cambio a la actualización y perfeccionamiento del conjunto de los servicios públicos y estructuras estatales, mientras que por reforma del Estado se entiende una noción de reingeniería completa del aparato estatal y de la administración, sus poderes, sus servicios, sus normas y reglamentos, su estructura organizacional y sus modos de operación.

Todos estos procesos ocurren inscritos en dos dimensiones complementarias que no pueden descuidarse: la primera es la dimensión propiamente organizacional, en cuanto a que se refiere al diseño y a la aplicación de modelos de innovación y de cambio en sistemas organizacionales y burocráticos complejos; y la segunda, se refiere a la dimensión temporal, en cuanto a que los cambios y los procesos innovativos que se pretende implementar deben enfrentarse a lógicas y ritmos temporales de adaptación, resistencias  e impulsos de distinto grado e intensidad.

En el caso de Chile, el marco contextual en que están sucediendo estos cambios es la tendencia profunda que tiene lugar en nuestra sociedad desde mediados del siglo xx y que se denomina transición a la modernidad.

Transición a la modernidad y cambios en la función pública y el servicio público en Chile.

El contexto general en que situamos este análisis es el de la transición a la modernidad que sucede en Chile.

El servicio público en nuestra sociedad, se encuentra enfrentado a un cambio profundo y prolongado del patrón cultural de referencia.

Se sostiene la hipótesis que la sociedad chilena se encuentra inmersa en un cambio estructural profundo y de larga duración, denominada transición a la modernidad y que consiste básicamente en el tránsito gradual desde una cultura con rasgos y valores tradicionales, hacia una cultura y una sociedad con rasgos modernos, proceso que se habría iniciado aproximadamente en la década de los años 30 y 40 del siglo xx y que debiera prolongarse en el tiempo hasta mediados del siglo xxi.

Tres procesos conducen esta transición a la modernidad en Chile:

1º la transición demográfica, es decir la modificación gradual de la composición de la población del país, como consecuencia de cambios sociales y culturales de amplio alcance;

2º los procesos de migración campo ciudad, generando procesos más o menos acelerados de urbanización y metropolización de la población, de la economía y de las relaciones sociales.

3º la transformación del patrón cultural de referencia desde una cultura con valores y significados tradicionales  (orden, progreso, solidaridad, patria, autoridad…) hacia una cultura de contenidos modernos (diversidad, libertad…).

Estas tres tendencias impactan sobre el Estado y la Administración, generan y reconstruyen nuevas formas de relación del ciudadano con el servicio público, modifica el rol y las funciones de los servidores públicos y cuestiona los modelos y paradigmas tradicionales de la gestión pública, y aparecen fenomenos nuevos como los cambios en los ciclos de circulación de los funcionarios dentro del servicio público y la creciente presión de los nuevos profesionales.

A lo largo de la segunda mitad del siglo xx, la administración pública chilena comienza a introducir sucesivos procesos de racionalización, descentralización, regionalización, desconcentración-concentración, especialización y división del trabajo en la esfera pública, impactada por las nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía, por la nueva cultura dominante,  por los modelos políticos de los sucesivos gobiernos y por una presión y demanda creciente sobre la función pública en términos de eficiencia, de calidad y de resolutividad.

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The new public administration model

In the late 1990s, Janet and Robert Denhardt proposed a new public service model in response to the dominance of New Public Management[14]. This model’s chief contribution is a focus on Americans as “citizens” rather than “customers”. Accordingly, the citizen is expected to participate in government and take an active role throughout the policy process. No longer are the proprietors considered an end to a mean. While this remains feasible at the federal, state & local levels, where the concept of citizenship is commonly wedded, the emergence of ‘transnational administration’ with the growing number of international organizations and ‘transnational executive networks’ complicates the prospects for citizen engagement.[15]

One example of this is openforum.com.au, an Australian non-for-profit eDemocracy project which invites politicians, senior public servants, academics, business people and other key stakeholders to engage in high-level policy debate.

The critics of NPM claim that a successor to NPM is digital era governance, focusing on themes of reintegrating government responsibilities, needs-based holism (executing duties in cursive ways), and digitalization (exploiting the transformational capabilities of modern IT and digital storage).

In academia, the fields of Public Administration, are contrived in five pillars:[16]

  • Human Resource Management in Public Administration is an in-house structure that ensures unbiased treatment, ethical standards, and promotes a values-based system. The Basic functions of the HR system are:
    • Employee Benefits, Employee health care, Compensation, etc.
    • Leading Contributors: George H. Pendleton, Chester Barnard, Paul C. Light, and Volcker Commission.
    • Legislation: Pendleton Civil Service Reform Act 1883, Civil Service Reform Act of 1978, Hatch Act of 1939, Classification Act of 1949, and Title VII from Civil Rights Act of 1964.*Public Sector Human Resources
  • Organizational Theory in Public Administration is the study of the structure of governmental entities and the many particulars inculcated in them.
  • Ethics in Public Administration serves as a normative approach to decision making.
  • Policy Analysis serves as an empirical approach to decision making.
  • Public Budgetingis the activity within a government that seeks to allocate scarce resources among unlimited demands.

Given the array of duties public administrators find themselves performing, the professional administrator might refer to a theoretical framework from which he or she might work. Indeed, many public and private administrative scholars have devised and modified decision-making models.

Niskanen’s budget-maximizing

An relatively recent rational choice variation, proposed by William Niskanen in a 1971 article budget-maximizing model, argued that rational bureaucrats will universally seek to increase their budgets, thereby contributing to state growth, measured by expenditure. Niskanen served on President Reagan’s Council of Economic Advisors; his model underpinned what has been touted as curtailed public spending and increased privatization. However, budgeted expenditures and the growing deficit during the Reagan administration is evidence of a different reality. A range of pluralist authors have critiqued Niskanen’s universalist approach. These scholars have argued that officials tend also to be motivated by considerations of the public interest.

Dunleavy’s bureau-shaping

The bureau-shaping model, a modification of Niskanen, holds that rational bureaucrats only maximize the part of their budget that they spend on their own agency’s operations or give to contractors and interest groups. Groups that are able to organize a “flowback” of benefits to senior officials would, according to this theory, receive increased budgetary attention. For instance, rational officials will get no benefit from paying out larger welfare checks to millions of low-income citizens because this does not serve a bureaucrats’ goals. Accordingly, one might should instead expect a jurisdiction to seek budget increases for defense and security purposes in place of domestic social programming. If we refer back to Reagan once again, Dunleavy’s bureau shaping model accounts for the alleged decrease in the “size” of government while spending did not, in fact, decrease. Domestic entitlement programming was financially de-emphasized for military research and personnel.

HISTORY OF THE MODEL

Antiquity to the 19th Century

Public administration in general is an extension of governance. Administrators have been necessary as long as kings and emperors required pages, treasurers, and architects to carry out the business of government. Modern American public administration is an extension of democratic governance, justified by classic and liberal philosophers of the western world such as Aristotle, John Locke[5], John Stuart Mill, Thomas Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Thomas Paine[6], Samuel Adams [7] Thomas Jefferson[8], to name a few.[9]

Though rife with nepotism and favoritism, often referred to as a spoils system, public administrators have been the eyes and ears of government until relatively recently.[10] In medieval times, the abilities to read and write, add and subtract were as dominated by the educated elite as public employment. Nevertheless, public employment has become increasingly possible and probable for a wider range of adults with the help of greater literacy, better education to the average citizen, and classic liberal philosophers.

Consequently, the need for expert civil servants whose ability to read and write formed the basis for developing expertise in such necessary activities as legal records, military prowess, and tax administration, and record keeping. As the European imperialist age progressed and the militarily dominant region extended its hold over other continents and people, the need for increasingly conventional administrative expertise grew.

Eighteenth century noble, King Frederick William I of Prussia, created professorates in Cameralism in an effort to service this need. The universities of Frankfurt an der Oder and University of Hallewere Prussian institutions emphasizing economic and social disciplines, with the goal of societal reform. Johann Heinrich Gottlob Justi was the most well-known professor of Cameralism. Thus, from a Western European perspective, classic, medieval, and enlightened scholars formed the foundation of the discipline that has come to be called public administration.

Lorenz von Stein, an 1855 German professor from Vienna, is considered the founder of the science of public administration in many parts of the world. In the time of Von Stein, public administration was considered a form of administrative law, but Von Stein believed this concept too restrictive.

Von Stein taught:

  • Public administration relies on many prestablished disciplines such as sociology, political science, administrative law and public finance. Further, public administration is an integrating science.
  • Public administrators need be concerned with both theory and practice. Practical considerations are at the forefront of the field, but theory is the basis of best practices.
  • Public administration is a science because knowledge is generated and evaluated according to the scientific method.

In the United States of America, Woodrow Wilson is considered the father of public administration. He first formally recognized public administration in an 1887 article entitled “The Study of Administration.” The future president wrote that “it is the object of administrative study to discover, first, what government can properly and successfully do, and, secondly, how it can do these proper things with the utmost possible efficiency and at the least possible cost either of money or of energy.”[11] Wilson was more influential to the science of public administration than Von Stein, primarily due to an article Wilson wrote in 1887 in which he advocated four concepts:

  • Separation of politics and administration
  • Comparative analysis of political and private organizations
  • Improving efficiency with business-like practices and attitudes toward daily operations
  • Improving the effectiveness of public service through management and by training civil servants, merit-based assessment

The separation of politics and administration has been the subject of lasting debate. The different perspectives regarding this dichotomy contribute to differentiating characteristics of the suggested generations of public administration.American Administration in the 1940s

The separation of politics and administration advocated by Wilson continues to play a significant role in public administration today. However, the dominance of this dichotomy was challenged by second generation scholars, beginning in the 1940s. Luther Gulick‘s fact-value dichotomy was a key contender for Wilson’s allegedly impractical politics-administration dichotomy. In place of Wilson’s first generation split, Gulick advocated a “seamless web of discretion and interaction”.[12]

Luther Gulick and Lyndall Urwick are two second-generation scholars. Gulick, Urwick, and the new generation of administrators built on the work of contemporary behavioral, administrative, and organizational scholars including Henri Fayol, Fredrick Winslow Taylor, Paul Appleby, Frank Goodnow, and Willam Willoughby. The new generation of organizational theories no longer relied upon logical assumptions and generalizations about human nature like classical and enlightened theorists.

Gulick developed a comprehensive, generic theory of organization that emphasized the scientific method, efficiency, professionalism, structural reform, and executive control. Gulick summarized the duties of administrators with an acronym; POSDCORB, which stands for planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. Fayol developed a systematic, 14-point, treatment of private management. Second-generation theorists drew upon private management practices for administrative sciences. A single, generic management theory bleeding the borders between the private and the public sector was thought to be possible. With the general theory, the administrative theory could be focused on governmental organizations.

Post-World War II to the 1970s

The mid-1940s theorists challenged Wilson and Gulick. The politics-administration dichotomy remained the center of criticism in the third generation. In addition to this area of criticism, government itself came under fire as ineffective, inefficient, and largely a wasted effort. The sometimes deceptive, and expensive American intervention in Vietnam along with domestic scandals including Watergate are two examples of self-destructive government behavior during the third generation. There was a call by citizens for efficient administration to replace ineffective, wasteful bureaucracy. Public administration would have to distance itself from politics to answer this call and remain effective.

Elected officials supported such reform. The Hoover Commission, chaired by University of Chicago professor Louis Brownlow, to examine reorganization of government. Brownlow subsequently founded the public administration service on the university, 1313 E. 60th Street. The organization PAS provided consulting services to governments at all levels of government until the 1970s.

In the 1980s

In the late 1980s, yet another generation of public administration theorists began to displace the last. What was called New Public Management was proposed by David Osborne and Ted Gaebler [13] . The new model advocated the use of private sector innovation, resources, and organizational ideas to improve the public sector. During the Clinton Administration (1992-2000), Vice President Al Gore adopted and reformed federal agencies accordingly. New public management there by became prevalent throughout the US bureaucracy.

Some critics argue that the New Public Management concept of Americans as “customers” rather than “citizens” is an unacceptable abuse. That is, customers are a means to an end, profit, rather than part of the policy making process. Citizens are in fact the proprietors of government (the owners), opposed to merely the customers of a business (the patrons). In New Public Management, people are viewed as economic units not democratic participants. Nevertheless, the model is still widely accepted at all levels of government.

http://www.wikipedia.org


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El modelo de la nueva administración pública – E.S. Savas

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Este proceso surgió en el último cuarto del siglo veinte en algunas ciudades americanas y -a nivel nacional- en Nueva Zelanda y Gran Bretaña. También puede ser visto en China y Mongolia entre muchos otros países.

Su objetivo principal es “reinventar” el gobierno para producir un mejor desempeño, exigiéndose a su vez mayor transparencia y responsabilidad. En la actualidad se puede ver como evidencia de esta revolución, que los líderes de algunos gobiernos están cambiando gradualmente la naturaleza de la administración pública.

Los académicos llaman a éste proceso “la nueva gerencia pública” (NPM, New Public Management) y es la manifestación más reciente del interminable proceso de reformas gubernamentales que están llevándose a cabo en muchos países y en todos los niveles del gobierno.

Las ideas fundamentales del NPM pueden variar según la visión de cada protagonista, pero en líneas generales este concepto abarca los siguientes principios:

1. Regreso a las funciones básicas

2. Restauración de la sociedad civil

3. Adopción de los principios del mercado

4. Descentralización y delegación de competencias

5. Focalización en la gerencia

6. “Rightsizing”government (un Estado de “proporciones” óptimas)

7. Institucionalización del e-Gobierno (gobierno electrónico) y otras nuevas tecnologías1

A continuación veremos detalladamente cada uno de estos principios:

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Las políticas públicas como paradigma y como práctica institucional

ENFOQUE TEORICO DE LAS POLITICAS PUBLICAS.

Siguiendo a Meny y Thoenig (1), se pueden identificar tres posiciones básicas sobre las cuales se montaba el estudio de las políticas públicas. Los autores señalan que en la década del ’60 dominaban tres enfoques:

a) la ciencia administrativa, que responde al pensamiento americano de la Public Administration Theory;

b) la sociografía de los llamados grupos de presión;

c) el determinismo de los grandes sistemas, donde se ubican desde un “marxismo caricaturesco” hasta un “economicismo triunfante”.

1) La ciencia administrativa-dependiente de la Teoría de la Administración Pública.

2) Una teoría a mitad de camino entre la labor de las Instituciones del Estado y las Asociaciones Intermedias representativas de los individuos -dependiente de la Teoría Sociológica.

3) La teoría determinista donde la ciencia política tiene un carácter residual dependiente de la ciencia económica.

Independientemente del enfoque cientísta, una parte de la literatura de las políticas públicas hace hincapíe en el posicionamiento que asumen los valores(2).

LAS POLITICAS PUBLICAS Y EL WELFARE STATE.

El análisis más exahustivo dentro de las ciencias politica esta ligado al welfare state y su crecimiento. Con esta tesis la gestión de gobierno hasta aproximadamente la década del ’80 se caracterizó por el dimensionamiento del Estado. Para justificar este crecimiento se han dado tres argumentos: 1)económico; 2)político burocrático; 3)ideológico.

Para la primer posición el dimensionamiento adquirido por el Estado no es más que una consecuencia del desarrollo económico. La capacidad de gestión del Estado no solo vuelca mayor cantidad de recursos a las prestaciones, sino que los servicios van in crecendo con un Estado productor y prestador. A esta postura se le critica: 1) en principio, resulta más difícil disminuir el gasto público que aumentarlo, y no necesariamente va acompañado de crecimiento económico. 2) el incremento poco y nada tiene que ver en ocasiones con el aumento en la capacidad prestatria o productora del Estado. El proceso de privatizaciones y desregulaciones del Estado en la década del ’90, no se refleja en una disminución del gasto público, sino que aparece como una medida tendiente a “poner en caja” el presupuesto.

En una segunda variante el Estado de Bienestar tiene que ver con los factores que intervienen en los procesos de decisión. Aquí, partidos políticos, elecciones, grupos de intermediación, ideologías, forman parte de la actividad.

En una tercera opción el welfare state no puede desprenderse de los ideológico. Los valores tienen mucho que ver con los “issues”.

EL WELFARE STATE EN JAQUE.

Al modelo de Estado de Bienestar se le achacaron diversos cuestionamientos, entre ellos;

a) el Estado de Binestar no necesariamente suprimió las desigualdades. Para algunos es probable incluso que las haya incrementado. En una larga etapa del gobierno demócrata de los EEUU, la valoración de los grupos más desfavorecidos demostró que en la realidad no se vieron protegidos sino más bien desguarnecidos por los programas de acción social (especialmente los negros y latinos).

b) la excesiva dependencia económica provoca que a pesar de las crisis los beneficios del sistema deben seguir alcanzando a los usuarios o adjudicatarios. Las disyuntivas se producen en cada oportunidad que el Estado disminuye sus recursos, o entra en un proceso de “overload”.

c) una buena parte de la intelectualidad no discute si el intervencionismo estatal es bueno o malo relacionándolo con las vertientes ideológicas que sustenta el régimen. Para estos autores la crisis es una consecuencia de la excesiva planificación, variable que no determina un mejor Estado distribuidor en relación al sistema ideológico productivo (Capitalismo vs. Socialismo).

Expresamente para Hayek la política pública pasa por la discusión acerca de la distribución (3).

En el criterio de Hellman los antecedentes fueron indespensables para enteder la naturaleza de la planificación económica en los países con socialismo de Estado (4).

POLITICAS PUBLICAS Y TEORIA DEL ESTADO.

El reconocimiento del auge de las políticas públicas con un determinado tipo de Estado – en nuestro caso particular – identificado con la producción de bienes y servicios, y con la redistribución de bienes y valores para el consumo , conlleva en la década del ’60 a tratar de establecer las características del Estado de Bienestar, y los intereses que debe percibir o proteger. (el concepto de interés puede relacionarse claramente con el de metas).

De este modo se han adoptado diferentes posturas para determinar en beneficio de quien el Estado postulaba metas, fines a alcanzar, o intereses que proteger. Dentro de las diversas concepciones existentes se desarrollarán seguidamente alguna de las posiciones teóricas mas conocidas.

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